El gobierno tiene pensado someter a Consulta pública el real decreto ley que impulsara el uso generalizado y obligatorio de la factura electrónica.
El Gobierno ya tiene listo el plan para generalizar el uso obligatorio de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales de empresas y autónomos en España, que implicará la supervisión de Hacienda.
La implantación de la facturación electrónica obligatoria para todas las empresas que operan en España, forma parte de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (conocida como Ley Crea y Crece), que busca facilitar la creación de empresas y su crecimiento y expansión, reducir obstáculos regulatorios y luchar contra la morosidad.
Se espera que, como máximo, el Reglamento de dicha Ley se apruebe el 29 de marzo de 2023, momento en el que las empresas tendrán un plazo de entre 1 a 2 años para emitir y recibir facturas electrónicas.
¿Cuál es la finalidad principal de incorporar la factura electrónica en empresas?
La facturación electrónica es un proceso más eficiente y seguro que el tradicional método en papel, ya que permite la generación, envío, recepción y almacenamiento de facturas de manera electrónica. Además, reduce significativamente los errores de procesamiento de datos y los costos asociados con la impresión y envío de facturas físicas.
Con esto además, se pretende reducir los costes de transacción, avanzar en la digitalización de la operativa de las empresas y lograr una información fiable, sistemática y ágil de los plazos de pago.
Por otro lado, la implementación de la facturación electrónica podría tener un impacto positivo en el trabajo de las asesorías y despachos, ya que facilitará el procesamiento y gestión de las facturas de sus clientes y reducirá los errores en la información contable. Además, les permitirá ofrecer un servicio más eficiente y competitivo, lo que podría traducirse en un aumento de clientes y negocio.
El fin último es «reducir la morosidad comercial», que afecta sobre todo a los pequeños actores, tanto pymes como trabajadores autónomos, frente a la «posición de fortaleza» de las grandes compañías. El objetivo es incorporar medidas para que cumplir con los plazos de pago.
Plazos para la implantación
Para llevar a cabo la implantación de la facturación electrónica obligatoria, el Gobierno quieres establecer dos plazos diferentes:
- Las empresas de menor tamaño, para las que puede suponer «un mayor esfuerzo», contarán con un periodo transitorio de dos años
- Mientras que las grandes empresas, «con mayor músculo financiero», deberán encararla en una primera etapa de hasta un año.
«Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. El destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre los estados de la factura», establece la ley.
Asimismo, se incluye el apoyo de programas de subvenciones como el Programa de KIT DIGITAL, dotado con más de 3.000 millones de euros, para facilitar «la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización».
Finalmente, se establece un plazo de 4 años para la disponibilidad de la factura electrónica y un apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros para las empresas que incumplan con su obligación de ofrecer a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o de permitir el acceso a sus facturas de las personas que han dejado de ser clientes.
