Principales novedades laborales 2026

El Real Decreto-ley 16/2025 para 2026 introduce cambios clave en pensiones, cotizaciones y despidos, afectando directamente a la gestión laboral y los costes de las empresas.

El Real Decreto-ley 16/2025 surge nuevamente en el contexto de una situación estructural: la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la necesidad de tomar medidas urgentes que eviten vacíos normativos en áreas especialmente sensibles. En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, el texto no introduce cambios radicales, pero sí refuerza decisiones clave que influirán en la gestión empresarial, la planificación de costes laborales y la protección social a lo largo de 2026.

La norma actúa como un puente: mantiene reglas, ajusta parámetros y, sobre todo, gana tiempo para un escenario de mayor estabilidad normativa que, de momento, no termina de llegar.

Principales novedades laborales para 2026

Pensiones: Revalorización, límites y mínimos

Uno de los pilares del RDL 16/2025 es la actualización de las pensiones públicas, que no puede quedar automáticamente cubierta por la prórroga presupuestaria. Por ello, el Gobierno recurre de nuevo al real decreto-ley para garantizar su revalorización.

Incremento general del 2,7 %

Las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas se incrementan un 2,7 % desde el 1 de enero de 2026, en línea con la media interanual del IPC. El objetivo es claro: preservar el poder adquisitivo sin introducir distorsiones adicionales en el gasto público.

Límite máximo y pensiones mínimas

Se fija el límite máximo de pensión en 3.359,60 euros mensuales (47.034,40 euros anuales), mientras que las pensiones mínimas y no contributivas se actualizan conforme a tablas detalladas que distinguen situaciones familiares, edad y grado de incapacidad.

Este ajuste, aunque técnico, tiene impacto directo en colectivos especialmente sensibles y condiciona la aplicación de complementos por mínimos, que siguen sin consolidarse como derecho permanente.

Cotizaciones Sociales

Más allá de las pensiones, el RDL 16/2025 introduce modificaciones relevantes:

Bases máximas y mínimas de cotización

La base máxima de cotización se fija en 5.101,20 euros mensuales, mientras que las bases mínimas se actualizan automáticamente conforme al incremento del SMI, incrementado en un sexto adicional. Este mecanismo refuerza la conexión entre salario mínimo y cotización, trasladando el ajuste de forma casi automática al sistema.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El MEI continúa su despliegue progresivo: en 2026, la cotización alcanza el 0,90 %, repartida entre empresa y persona trabajadora. Aunque su impacto unitario es limitado, acumula efectos y consolida una vía adicional de financiación del sistema.

Cotización adicional de solidaridad

Se introduce una escala de cotización adicional sobre salarios que superan la base máxima, con tipos crecientes según el tramo de retribución. Esta medida refuerza el carácter progresivo del sistema, pero obliga a las empresas a revisar cuidadosamente la estructura salarial de los perfiles con mayor retribución.

Personas trabajadoras autónomas

En el ámbito del RETA, el legislador opta por la continuidad del modelo de tramos, manteniendo para 2026 las tablas general y reducida previstas para 2025. No obstante, se actualiza la base máxima de los tramos superiores, alineándola con el tope del Régimen General. Además, se mantiene el sistema de reintegro por pluriactividad, fijando el umbral a partir del cual procede la devolución de cuotas, lo que sigue siendo un elemento clave para profesionales que combinan trabajo por cuenta ajena y propia.

Empleo y relaciones laborales: Estabilidad forzada y límites al despido

El RDL 16/2025 incorpora medidas laborales que, aunque formuladas como transitorias, prolongan una lógica ya conocida en los últimos ejercicios.

Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional

Se prorroga la vigencia del SMI fijado para 2025 mientras se negocia el correspondiente a 2026. Esta decisión evita vacíos normativos y aporta seguridad jurídica, aunque deja en suspenso el debate sobre su actualización efectiva.

Prohibición de despidos vinculados a ayudas públicas

Las empresas beneficiarias de ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos por el aumento de costes energéticos hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, quienes se acojan a medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas relacionadas con la guerra de Ucrania no podrán utilizar esas mismas causas para extinguir contratos.

Estas limitaciones refuerzan la idea de corresponsabilidad entre ayudas públicas y mantenimiento del empleo, trasladando el coste del ajuste a la planificación interna de las empresas.

Seguridad Social: Ajustes normativos y simplificación de cargas formales

Entre las modificaciones más relevantes, y menos mediáticas, se encuentra la supresión de la obligación de presentar declaración de IRPF para las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, eliminando una carga administrativa que había generado más problemas que beneficios.

Asimismo, se actualiza la tarifa de primas por contingencias profesionales, adaptándola a la nueva CNAE 2025, e integrándola directamente en la Ley General de la Seguridad Social para evitar dispersión normativa y prórrogas indefinidas de normas presupuestarias antiguas.

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